Tramitación del anteproyecto
El 5 de septiembre de 2026, se conoció que España tramita la inclusión de plataformas y exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas en el Fichero de Titularidades Financieras. Esta iniciativa de vigilancia fiscal de criptomonedas en España fue aprobada como anteproyecto el 28 de julio y se encuentra en audiencia pública hasta el 30 de septiembre de 2026. Tras este periodo de alegaciones, el Gobierno evaluará los informes consultivos antes de remitir la propuesta al Congreso de los Diputados y al Senado para su debate y votación.
Acceso a la base de datos
De aprobarse en el poder legislativo, la norma obligará a los exchanges a declarar la apertura y el cierre de cuentas. La base de datos centralizada quedará bajo la gestión de la futura Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI).
Bajo este marco, las siguientes instituciones tendrán acceso directo al registro para verificar la existencia de cuentas sin emitir requerimientos individuales a cada plataforma:
- Policía Nacional
- Guardia Civil
- Agencia Tributaria
- Jueces y fiscales
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Alcance de la información reportada
Las entidades deberán reportar el titular, los cotitulares, la firma de custodia, la categoría del activo y las fechas de operación. La propuesta excluye de forma explícita el acceso a los saldos disponibles y a los movimientos detallados de las cuentas.
Adaptación a estándares internacionales
El Gobierno busca adaptar el ordenamiento jurídico español a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece los estándares globales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La reforma amplía un sistema vigente para la banca tradicional bajo la tutela del SEPBLAC.
Junto a las plataformas de activos digitales, la obligación alcanzará a gestoras de fondos, sociedades de inversión, entidades de capital riesgo y agencias de valores. Esta medida de vigilancia fiscal de criptomonedas en España llega en un contexto de creciente escrutinio, posicionando al país entre los que mayor número de requerimientos de datos dirigen a las empresas del sector.


