La gobernanza de Arbitrum DAO ha aprobado ayer, 7 de mayo de 2026, la liberación de 30.765,67 ETH (valorados en más de 70 millones de dólares al precio actual) que permanecían inmovilizados desde el 21 de abril debido a su vinculación con el hackeo al protocolo Kelp DAO.
Esta propuesta, que contó con el respaldo del 90,96% de los votos emitidos, tiene como objetivo transferir los activos a un esfuerzo de recuperación coordinado por Aave Labs, KelpDAO y otros socios del ecosistema.
Destino y objetivo de los fondos
Los fondos, programados para liberarse hacia finales de mayo, se enviarán a una billetera multifirma (Gnosis Safe 3 de 4). El propósito es intentar restaurar el respaldo de rsETH, el cual presenta un déficit de aproximadamente 76.127 unidades tras la vulnerabilidad explotada el pasado 18 de abril.
Según el texto de la propuesta aprobada, devolver estos ETH reducirá el daño directo a los usuarios y prestatarios del mercado Arbitrum de Aave V3.
Obstáculo judicial: Orden de los Estados Unidos
A pesar del mandato de la gobernanza, el proceso enfrenta una barrera legal significativa. Una orden judicial emitida el 1 de mayo de 2026 por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York podría obstaculizar la ejecución.
El fallo se enmarca en el caso «Han Kim et al. v. República Popular Democrática de Corea». En él, la jueza Margaret M. Garnett autorizó el uso de medios alternativos para notificar a Arbitrum DAO como «posible tercero embargado» (garnishee) de estos activos.
El fundamento de la corte se basa en tres pilares:
- El grupo de atacantes que tomó posesión de los tokens el 19 de abril fue identificado como hackers norcoreanos.
- Los demandantes buscan retener y eventualmente tomar posesión de esos ETH para satisfacer sentencias judiciales impagas contra el gobierno de Corea del Norte.
- El tribunal determinó que Arbitrum DAO puede ser tratada legalmente como una sociedad colectiva (general partnership) para efectos de notificación legal.
Un conflicto de jurisdicciones
Esta situación plantea una colisión directa —aún no resuelta— entre la voluntad de la comunidad de Arbitrum sobre los fondos congelados y la intención del sistema judicial estadounidense de confiscar activos vinculados a entidades sancionadas.
La orden judicial busca garantizar que los fondos no sean movidos antes de que se resuelva el proceso de embargo, mientras que la gobernanza de la DAO busca recuperar la solvencia de su protocolo (rsETH). El desenlace final dependerá de cómo interactúen estas dos jurisdicciones sobre la propiedad de los activos en cadena.


