China liquida criptomonedas incautadas mientras mantiene su prohibición
A pesar de que China prohíbe oficialmente las transacciones con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, distintas provincias del país están vendiendo activos digitales por millones de dólares. Estos fondos, que provienen de incautaciones ligadas a delitos, están siendo convertidos en yuanes mediante empresas offshore, con el objetivo de fortalecer las finanzas locales en medio de un contexto económico desafiante. Esto plantea una contradicción entre la política oficial y las acciones que se llevan a cabo para obtener liquidez.
Desde que en 2021 se impusiera la prohibición total sobre la compraventa y minería de criptomonedas, el número de casos judiciales relacionados con delitos que implican criptoactivos ha aumentado. Ante esto, gobiernos locales han empezado a vender los activos digitales confiscados mediante intermediarios privados que los colocan en exchanges internacionales, repatriando luego el dinero. No obstante, esta estrategia improvisada preocupa por la falta de regulación, lo que podría abrir la puerta a la corrupción o el lavado de dinero.
Profesores y abogados especializados advierten que, sin un marco legal claro, estas ventas representan un riesgo jurídico. La firma SAFEIS estima que en 2023 el valor de los crímenes con criptomonedas se multiplicó por diez, superando los 59.000 millones de dólares, lo que disparó la cantidad de activos confiscados. Solo en 2024, los ingresos fiscales por esta vía llegaron a 378.000 millones de yuanes.
Empresas como Jiafenxiang, con sede en Shenzhen, han desempeñado un rol central, vendiendo activos por más de 3.000 millones de yuanes a través de plataformas en el extranjero. Esto pone sobre la mesa la necesidad de que instituciones como el Banco Popular de China asuman un papel más directo, ya sea con la creación de una reserva nacional de criptomonedas o mediante la venta estructurada de los activos.
A pesar de la posición oficial del gobierno contra las criptomonedas, China se ha convertido —por la vía de las incautaciones— en uno de los principales poseedores de bitcoin en el mundo. Esto ha motivado a algunos expertos a sugerir una estrategia similar a la de Hong Kong, donde los activos digitales están legalizados y regulados, permitiendo su gestión bajo un fondo estatal.
Datos de análisis on-chain apuntan a que los casi 200.000 BTC incautados tras el desmantelamiento del fraude PlusToken en 2019 ya habrían sido vendidos de forma encubierta. Aunque esto no ha sido confirmado oficialmente, fortalece la percepción de que China, mientras prohíbe el uso de criptomonedas, desempeña un papel activo y relevante en el ecosistema global.
Finalmente, aunque el comercio con criptomonedas sigue siendo ilegal en China, recientes fallos judiciales han reconocido estos activos como «propiedad virtual», lo que permite su posesión bajo determinadas condiciones. Esto podría allanar el camino hacia una eventual revisión regulatoria más abierta, especialmente si se considera el impacto financiero y judicial que están teniendo estos activos en el país.
