China propone criminalizar el uso de monedas privadas
La Fiscalía Popular Suprema de China publicó el 12 de julio de 2026 un artículo en el Procuratorate Daily donde se propone un nuevo marco jurídico para combatir el lavado de dinero con activos digitales. Bajo esta propuesta teórica, los tribunales podrían presumir la intención de lavar dinero si un sospechoso utiliza criptomonedas de privacidad o mezcladores de transacciones.
Inversión de la carga de la prueba
El punto más crítico de la propuesta es la alteración del principio universal de presunción de inocencia. De prosperar esta medida, la carga de la prueba se trasladaría de la fiscalía a la defensa. El sospechoso se vería obligado a demostrar la legitimidad de sus operaciones aportando una «contraprueba razonable» que justifique técnicamente el uso de protocolos que no dejan rastro.
Según el texto, los tribunales considerarían indicios de sospecha las siguientes acciones:
- El uso de altcoins como Zcash (ZEC), Monero (XMR), Dash (DASH) o mezcladores de bitcoin.
- La venta de grandes cantidades de criptomonedas a precios «claramente irrazonables».
- La realización de transferencias de alta frecuencia a través de monederos sin identidad vinculada.
El objetivo: la fuga de capitales
La propuesta busca subsanar lo que Pekín considera un fracaso de la prohibición de 2021. Aunque el comercio de criptomonedas está ilegalizado en China, los datos de Chainalysis sugieren que esto no eliminó su uso, sino que desplazó los flujos financieros hacia canales subterráneos.
El problema central para el gobierno chino es la fuga de capitales y la pérdida de control sobre el *yuan_. Se estima que el volumen de lavado transfronterizo roza los 16.100 millones de dólares, operando en un punto ciego donde el Estado no puede congelar cuentas ni identificar titulares. Las criptomonedas de privacidad representan una evasión directa a los sistemas de vigilancia estatales.
El método «Un caso, dos investigaciones»
El marco propuesto se sustenta en un principio procesal chino conocido como Yī àn shuāng chá («un caso, dos investigaciones»). Originalmente usado para combatir la corrupción interna, este método daría un salto al entorno digital.
Si las autoridades detienen a un ciudadano por un delito común (fraude o contrabando), la policía estaría obligada a abrir de forma automática una segunda investigación paralela enfocada en auditar la cadena de bloques del individuo. Además, la propuesta establece que los registros de un explorador de bloques se considerarían presuntamente válidos como evidencia pericial.
La contradicción del Estado
Esta iniciativa expone una profunda contradicción conceptual: el mismo Estado que prohibió el comercio de bitcoin planea utilizar la transparencia pública de su tecnología como el brazo ejecutor de la fiscalía. La inmutabilidad del código, diseñada para prescindir de intermediarios estatales, pasaría a ser una herramienta de fiscalización automatizada.
Además, el plan contempla la creación de una plataforma estatal para custodiar y vender los activos decomisados, permitiendo al gobierno liquidar criptomonedas sorteando las restricciones comerciales que ellos mismos impusieron. Aunque el texto no es ley aún, las opiniones en el órgano de la Fiscalía Suprema suelen orientar los criterios de los fiscales en casos reales, situando a China en una posición restrictiva contraria a recientes validaciones de herramientas de privacidad en Estados Unidos.
