España aprueba embargos de criptomonedas por deudas fiscales con Hacienda
El Congreso español avanza en la aplicación de la directiva europea DAC8, que refuerza el control sobre las operaciones con bitcoin y otros criptoactivos.
El Congreso de los Diputados de España aprobó continuar la tramitación de la ley que incorpora la directiva europea DAC8, la cual introduce nuevas normas fiscales sobre criptomonedas y autoriza a la Agencia Tributaria (Hacienda) a embargar activos digitales de contribuyentes con deudas.
La decisión se tomó el 16 de octubre, cuando la cámara rechazó la enmienda presentada por Vox, que buscaba devolver el proyecto al Gobierno. Con ello, el texto original sigue adelante con el respaldo mayoritario del Congreso —salvo la abstención del Partido Popular (PP) y el voto en contra de Vox—, con miras a su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre de 2025.
Un paso hacia la fiscalización integral de los activos digitales
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que la transposición de la directiva responde a compromisos internacionales de transparencia fiscal, alineando a España con las exigencias regulatorias de la Unión Europea (UE).
El texto normativo permitirá a Hacienda rastrear, supervisar y, en caso necesario, embargar criptomonedas pertenecientes a contribuyentes morosos. Además, impone reportes obligatorios a los proveedores de servicios de activos digitales —como exchanges y plataformas de compraventa— sobre todas las transacciones, intercambios y transferencias realizadas por sus usuarios a partir de 2026.
Con esta medida, las ganancias obtenidas por trading o especulación con criptomonedas deberán declararse y tributar como renta, reduciendo el margen de anonimato que hasta ahora caracterizaba a muchas operaciones con bitcoin y otros criptoactivos.
Evitar sanciones europeas y reforzar la transparencia
El rechazo a la propuesta de Vox también evitó que España enfrentara un proceso de infracción de la Comisión Europea, un procedimiento que puede derivar en multas millonarias por incumplir la obligación de transponer directivas comunitarias en el plazo previsto.
Estas sanciones, conocidas como multas lump sum o “a tanto alzado”, son penalizaciones financieras únicas destinadas a compensar el daño causado por la infracción y disuadir futuros incumplimientos. Su valor depende de la gravedad, la duración y la conducta del Estado afectado.
Más control, menos anonimato
La entrada en vigor de la DAC8 marcará un cambio profundo para los usuarios de criptomonedas en España. A partir de 2026, todas las operaciones estarán sujetas a mayor escrutinio fiscal, mientras que Hacienda dispondrá de herramientas digitales para localizar, congelar y confiscar activos digitales en caso de impago o evasión.
Según estimaciones de la Comisión Europea, la aplicación plena de esta norma en todos los países miembros podría generar 2.400 millones de euros adicionales en recaudación fiscal dentro de la Unión Europea, fortaleciendo los mecanismos de control financiero en el espacio comunitario.
