España avanza en fiscalidad cripto
La Agencia Tributaria (AEAT) ha dado un paso definitivo en la regulación de los activos digitales al iniciar el proceso de audiencia pública para un proyecto de orden que establece los nuevos modelos de declaración. Esta medida impone a los proveedores de servicios —como exchanges y plataformas de custodia— la obligación de suministrar información detallada sobre las operaciones y saldos de sus usuarios residentes en España.
El despliegue normativo, puesto en marcha el 10 de marzo de 2026, responde a la transposición de la Directiva Europea DAC8, diseñada para integrar los criptoactivos en el sistema de intercambio automático de información de la Unión Europea, así como a los estándares de la OCDE. Aunque la regulación entró en vigor técnicamente el 1 de enero de 2026, esta nueva orden define los protocolos necesarios para su cumplimiento práctico.
Los nuevos instrumentos de control
El proyecto articula el marco de reporte a través de cuatro modelos principales, tal como se detalla en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Ministerio de Hacienda:
- Modelo 042: Actúa como un registro censal obligatorio para todos los operadores de criptoactivos.
- Modelo 172: Captura la fotografía anual de los saldos de los usuarios.
- Modelo 175: Recoge el detalle de las transacciones, abarcando desde la compraventa convencional hasta operaciones complejas como staking, préstamos y recepción de airdrops.
- Modelo 721: Refuerza la vigilancia sobre los activos situados en el extranjero.
La normativa exige que las empresas apliquen procedimientos de diligencia debida para verificar la residencia fiscal de sus clientes y reportar los valores en euros según el precio de mercado.
Alcance y exclusiones
El texto mantiene una distinción técnica fundamental: la obligación de reportar recae sobre los intermediarios. Esto deja fuera del intercambio automático de información a aquellas tenencias gestionadas mediante monederos de autocustodia donde no intervenga un proveedor de servicios.
Esta transición ha generado reacciones encontradas en el sector. Mientras que algunos miembros de la comunidad critican una potencial erosión de la privacidad y el incremento de los costos operativos para las empresas, los analistas financieros destacan que la medida es necesaria para reducir la evasión fiscal y equiparar el tratamiento de las criptomonedas con el de otros activos financieros tradicionales.
Calendario de implementación
El periodo de audiencia pública permanecerá abierto hasta el 30 de marzo de 2026. Una vez finalizado el análisis de las alegaciones y publicado el texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se habilitará la maquinaria administrativa para que los datos generados durante el presente ejercicio sean comunicados formalmente a la Hacienda española a partir de 2027.
