El Reglamento (UE) 2024/1624 contra el blanqueo de capitales establecerá que las criptomonedas de privacidad y las cuentas anónimas quedarán excluidas de las plataformas reguladas de la Unión Europea a partir de julio de 2027. Esta medida, detallada en un informe publicado el 22 de junio de 2026, supone la mayor reforma del sistema de prevención europeo en más de tres décadas.
El objetivo principal de la normativa es homogeneizar las normas contra el blanqueo, ampliar el perímetro regulatorio y reforzar la trazabilidad tanto en activos digitales como en efectivo.
Impacto en los proveedores de servicios
La legislación obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) a implementar los siguientes cambios:
- Retirada de activos: Eliminación de criptomonedas enfocadas en la privacidad, como Monero (XMR), Zcash (ZEC) o Dash (DASH), de sus plataformas de negociación.
- Fin del anonimato: Prohibición absolute de ofrecer cuentas o servicios anónimos dentro del sistema financiero formal.
Es importante precisar que la ley no prohíbe la tenencia de estos activos por parte de particulares, sino que prohíbe su intermediación a través de entidades reguladas. Esta exclusión del circuito formal reduce drásticamente el acceso a los canales de intercambio tradicionales, lo que impactará en la liquidez y adopción minorista de estas monedas.
Refuerzo de la trazabilidad y límites al efectivo
El marco normativo fortalece la denominada «regla de viaje», exigiendo la transmisión de información del originador y del receptor en cualquier transferencia que involucre intermediarios. Esto incluye controles adicionales estrictos cuando las operaciones se realizan desde o hacia wallets de autocustodia.
De forma paralela, el reglamento introduce restricciones al uso de dinero físico en la Unión Europea:
- Tope máximo de 10.000 euros para pagos comerciales en efectivo.
- Obligación de verificación de identidad para operaciones a partir de 3.000 euros.
Respuestas del sector y expectativas
La medida ha generado reacciones encontradas entre los expertos del ecosistema:
- Riccardo Spagni (colaborador clave de Monero): Considera que se trata de una prohibición de facto y sostiene que no existen evidencias de que estas restricciones reduzcan la actividad ilícita. Advierte que el efecto principal será el desplazamiento de usuarios hacia el uso de software de código abierto, transacciones entre pares (P2P) o jurisdicciones fuera del alcance europeo.
- Vyara Savova (Iniciativa Europea en Criptoactivos – EUCI): Señala que el marco está definido y las empresas deben adaptarse. Sin embargo, la EUCI advierte que los costes de cumplimiento se incrementarán significativamente, lo que podría abrir la puerta a un arbitraje regulatorio, motivando a las firmas a trasladar sus operaciones a otras jurisdicciones.
El sistema financiero europeo avanza hacia un modelo de máxima supervisión, restando a la privacidad financiera el acceso a la infraestructura institucional y confinándola a entornos de autocustodia.


