Hacienda intensifica inspecciones a usuarios de Bitcoin en España

La Agencia Tributaria Española ha iniciado una nueva ronda de inspecciones fiscales dirigidas a usuarios de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Esta acción, que forma parte de su estrategia para combatir la evasión fiscal, se basa en el cruce de información proporcionada por terceros, como los exchanges centralizados, que ahora están obligados a reportar transacciones de sus usuarios bajo regulaciones europeas más estrictas.

La abogada especializada en criptoactivos, Cristina Carrascosa, advirtió a través de su cuenta en X que Hacienda está revisando todos los ejercicios no prescritos desde 2020 hasta 2023, y no solo en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sino también con el Impuesto sobre el Patrimonio. “Hacienda va por todo”, escribió, alertando a los contribuyentes sobre la importancia de regularizar su situación fiscal para evitar sanciones severas.

Gracias a herramientas como los Modelos 172 y 173, en vigor desde 2024, la administración tributaria tiene acceso detallado a los saldos, valores y movimientos de criptoactivos. Estas normativas obligan a los exchanges a reportar información, lo que facilita a Hacienda comparar los datos reales con las declaraciones de impuestos. A esto se suma la entrada en vigor completa del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en 2025, que ha estandarizado la supervisión fiscal en toda la Unión Europea.

Las inspecciones se enfocan en dos grandes frentes:

• Por un lado, verificar que las ganancias patrimoniales provenientes de actividades como compras, ventas, intercambios o transferencias de criptomonedas hayan sido correctamente reportadas en el IRPF, con tasas que oscilan entre el 19% y el 26%, según el importe.

• Por otro lado, comprobar el cumplimiento del Impuesto sobre el Patrimonio en contribuyentes cuyos activos, incluyendo cripto, superen el umbral de 700.000 euros (variable según la comunidad autónoma).

El período bajo revisión abarca desde 2020 hasta 2023, en línea con el plazo de prescripción fiscal de cuatro años que establece la ley española. Adicionalmente, desde 2023 es obligatorio declarar criptoactivos en el extranjero por más de 50.000 euros a través del Modelo 721, cuyo incumplimiento también puede conllevar multas significativas.

Sanciones y desafíos para los inversores

El incumplimiento puede acarrear consecuencias graves: multas de entre el 50% y el 150% del importe no declarado, intereses de demora, y el pago íntegro del impuesto adeudado. Para quienes usan carteras descentralizadas o han operado en plataformas que ya no existen, la dificultad para justificar operaciones añade un nivel de riesgo considerable.

Desde 2018, Hacienda ha intensificado la vigilancia sobre el sector cripto, que ha crecido notablemente en España. Según el Banco Central Europeo, en 2025 más del 9% de la población española posee activos digitales.

Con esta ofensiva fiscal, el mensaje es claro: la era de operar con criptomonedas sin declarar ha terminado.